Unas 700 personas, según los datos oficiales del Ayuntamiento, y más de 2.200, según la Asociación Karuna, duermen cada noche en la calle, a la intemperie y en condiciones de extrema precariedad en San Bartolomé de Tirajana, el principal municipio turístico de la isla de Gran Canaria. La mayoría de ellas pernoctan en cuevas, barrancos, solares, zonas degradadas, calles y espacios públicos con gran afluencia de visitantes. La situación, que vulnera la dignidad humana, genera riesgos para la salud pública y compromete gravemente la imagen y seguridad del municipio, puede empezar a cambiar con la puesta en marcha del Plan Integral de Intervención con Personas Sin Hogar, propuesto por el concejal Samuel Henríquez a través de una moción presentada el pasado mes de junio y aprobado en el último Pleno municipal del mes de octubre.
Para el edil de Municipalistas Primero Canarias, la aprobación del plan es una excelente noticia porque permitirá la intervención inmediata de la administración pública municipal ante la crisis humanitaria, silenciosa y persistente que sufren las personas en situación de exclusión residencial severa. Será el primer paso para ofrecer una respuesta planificada y comprometida a la problemática del sinhogarismo en San Bartolomé de Tirajana, con una inversión inicial de 300.000 euros para los próximos tres años.
Las acciones programadas contemplan la contratación de personal específico para la atención social de las personas sin hogar. También se incluyen medidas de inclusión laboral, alojamiento temporal, limpieza de espacios insalubres o recuperación de asentamientos ocupados de forma irregular en zonas como El Veril, Pasito Bea o Montaña de la Arena.
El plan intentará comprometer a otras administraciones públicas en la erradicación del sinhogarismo. Se solicitará la implicación de la Delegación del Gobierno en Canarias para la identificación de personas extranjeras sin hogar y sin ningún tipo de arraigo social ni familiar. También se pedirá la intermediación de consulados y embajadas para articular procesos de repatriación voluntaria, con garantías jurídicas y respeto a los derechos fundamentales. Al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se le requerirá la retirada ordenada de asentamientos en cauces de dominio público hidráulico, bajo criterios técnicos y sociales, y siempre garantizando alternativas habitacionales a los ocupantes. Al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria se les pedirá colaboración para la atención en salud mental, adicciones y servicios sociosanitarios.
