Municipalistas Primero Canarias, la organización política impulsada por los alcaldes, alcaldesas, dirigentes y militantes del nacionalismo progresista, rechaza con contundencia la decisión del Gobierno de España de utilizar las islas como punto de atraque del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un peligroso brote de hantavirus que ha causado el fallecimiento de varios pasajeros y la evacuación a hospitales de Sudáfrica, Países Bajos y Alemania de otras personas afectadas de gravedad. Los municipalistas canarios denuncian el trato colonial que este hecho supone, al imponer el Estado esta medida sin información ni consulta previa con las autoridades canarias, pretendiendo disponer unilateralmente de los recursos sanitarios de las islas, cuya gestión y competencia corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma.
Para Primero Canarias, la decisión del Estado, además de innecesaria, sorpresiva, arrogante e irresponsable, resulta manifiestamente desleal con el archipiélago y con su gente. Si no existe riesgo para la salud de las personas, ¿por qué no se traslada el barco al país bajo cuya bandera navega? Y si existiera riesgo, ¿por qué no evacuar a los pasajeros por vía aérea desde Cabo Verde, donde el barco se encuentra en la actualidad, hasta sus países de origen? ¿Por qué elegir Canarias como destino? ¿Por qué no un puerto continental? Pareciera que el hecho de ser islas quisiera ser utilizado como elemento de seguridad para el control de una hipotética crisis epidemiológica, lo que está generando una enorme inquietud en la población local.
Canarias siempre ha sido una tierra solidaria, pero esa solidaridad no puede confundirse con la imposición unilateral ni con el desprecio a las instituciones de Canarias. En opinión de los municipalistas, no estamos ante una emergencia humanitaria, pues se trata de un crucero de lujo que cuenta con el soporte y apoyo tanto de la compañía naviera como de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estamos ante una posible crisis epidemiológica de la que no se está informando adecuadamente y en la que se pretende ahora involucrar a Canarias sin contar con la voluntad ni la opinión de los representantes políticos e institucionales del pueblo canario. El Estado jamás se atrevería a imponer una decisión similar en otras comunidades, como Cataluña o el País Vasco, afirman los municipalistas, lo que lleva inexorablemente a preguntarse por qué en Canarias sí.
Este despliegue de generosidad unilateral del Gobierno de España, saltándose a las instituciones canarias, contrasta de forma radical con situaciones anteriores en las que Canarias ha venido demandando, sin éxito, la solidaridad del Estado y de la Unión Europea. Es el caso, sin ir más lejos, de la gestión del fenómeno migratorio, para el que poco han servido las peticiones de auxilio, los llamamientos de solidaridad o el amparo del derecho internacional que ahora se utilizan como argumentos. En el ámbito migratorio, pese a la grave crisis humanitaria que este fenómeno está generando en Canarias, el Estado se ha estado comportando de forma absolutamente insolidaria. Ahora, en cambio, con una insultante actitud colonialista, el Gobierno de España utiliza a Canarias como cuarto trastero en el que gestionar una potencial crisis epidemiológica, algo que resulta del todo inadmisible. Primero Canarias pide información clara y respeto institucional y exige que Canarias deje de ser utilizada como solución fácil para problemas que España y Europa no quieren asumir. No podemos seguir siendo tratados como un territorio de segunda categoría ni como el lugar donde se descargan crisis ajenas mientras se ignoran nuestras propias necesidades.
