El alcalde de Santa María de Guía, el socialista Alfredo Gonçalves, está faltando a la verdad de forma consciente y premeditada, con la intención de engañar y confundir a los vecinos sobre las graves irregularidades detectadas en su gestión económica. Así de contundente se manifiesta Juntos por Guía – Primero Canarias, el principal grupo de la oposición, que critica con rotundidad la nota de prensa desinformativa difundida este lunes por el grupo de gobierno municipal.
En el comunicado se argumentaba que el Tribunal de Cuentas (TC) habría avalado la gestión económica del actual grupo de gobierno en Guía, tras el reciente auto emitido por el máximo órgano fiscalizador de las cuentas del sector público en España en relación a la existencia de presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento. Se llegaba a afirmar que la resolución del TC subrayaba que las actuaciones habrían seguido la normativa vigente y en ningún caso habrían producido perjuicio para el patrimonio municipal, resultando “favorable al Ayuntamiento”, lo que constituye un “respaldo institucional a la gestión ejercida, así como a la posición jurídica defendida por el alcalde y sus compañeros en las labores del gobierno municipal”. Nada que ver con la verdad.
Lo cierto es que en el auto del pasado 20 de noviembre de 2025 el Tribunal Constitucional, lejos de archivar la denuncia, ha acordado elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento y nombrar Instructor para que se practiquen las diligencias, en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, respecto de las presuntas irregularidades cometidas por el actual grupo de gobierno municipal de Santa María de Guía en la realización de hasta trece pagos sin haberse acreditado la correcta realización de las prestaciones contratadas. La resolución del TC sólo desiste de continuar el procedimiento relativo a las presuntas irregularidades administrativas –la formalización de los contratos después de haberse efectuado el servicio o la vulneración del régimen de incompatibilidades– porque, aunque hubieran podido causar perjuicios al patrimonio público, no son objeto de su competencia.
Hay que recordar que fue el interventor municipal de Santa María de Guía, y no Juntos por Guía, quien advirtió al alcalde, a través de sucesivos informes, que determinados abonos del Ayuntamiento no se ajustaban a la legalidad, pese a lo cual el alcalde decidió ordenar el pago. La decisión de Alfredo Gonçalves fue puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas, cuyo cometido es investigar cualquier irregularidad detectada en el manejo de los fondos públicos y es este órgano fiscalizador el que, apoyado en los indicios, ha decidido ahora continuar con la investigación para determinar las posibles responsabilidades contables cometidas por el actual grupo de gobierno.
El Tribunal de Cuentas no investiga irregularidades administrativas, que las hay y se están discutiendo en los tribunales de justicia, tales como prórroga de contratos vencidos, la celebración de contratos después de realizarse las prestaciones o la contratación de una funcionaria del Cabildo de Gran Canaria como asesora jurídica sin ser compatible para ello. El TC sólo investiga los daños económicos a la hacienda municipal, como los señalados por el interventor municipal al alcalde antes de que ordenara pagar.
A la vista de este auto del Tribunal de Cuentas se constata, conforme al criterio del interventor municipal, del Ministerio Fiscal y de la propia consejera del Tribunal de Cuentas, la existencia de presuntas irregularidades en hasta trece pagos ordenados por el alcalde. De ahí que resulte del todo inaceptable la nota de prensa desinformativa difundida este lunes por el alcalde y su grupo de gobierno, cuyo único fin es mentir a la ciudadanía y ocultar la verdad sobre la gestión de los asuntos municipales.
