Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión Gestora de Primero Canarias.
Siete mujeres, entre ellas tres niñas menores de edad, murieron ayer ahogadas cuando una embarcación con 150 personas a bordo volcó en el muelle de La Restinga, en El Hierro. Venían de pasar una larga y dura travesía en el mar, sin apenas comida ni agua, sobreviviendo como podían. Cuando por fin estaban a punto de tomar tierra, cuando pensaban que todo había pasado, se encontraron con la peor de las desgracias.
Ese mismo día, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañaba a varios eurodiputados que se encontraban en la isla de El Hierro. Habían organizado una reunión para ver de cerca el fenómeno migratorio que estamos viviendo en Canarias. La realidad, una vez más, terminó por imponerse a los discursos y justo delante de sus propios ojos sucedió una nueva tragedia mortal. Duele la absurda pérdida de vidas humanas, pero duele aún más porque no es la primera vez, porque parece que, a pesar de todo, nada cambia.
La ONG Caminando Fronteras contabilizó en el año 2024 un total de 9.757 personas muertas o desaparecidas intentando llegar a nuestras costas. Es el período más mortífero desde que existen registros, con un incremento de casi el 60% con respecto al año anterior y un promedio de 27 muertes al día. Nuestro mar se está convirtiendo en una fosa común. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando.
No podemos permitir que esto se convierta en algo normal. No podemos contemplar esta tragedia como si fuera una parte más de nuestro paisaje. Esto no es solo una crisis migratoria. Es una crisis humanitaria. Y también es una crisis política. Porque las decisiones que se toman, o que no se toman, están teniendo consecuencias muy graves.
La ruta migratoria de Canarias es una de las más peligrosas del mundo. El abordaje del fenómeno migratorio es complejo, pero debemos anteponer siempre la vida, la dignidad y la solidaridad. Y debemos exigir al Estado y a Europa que tomen las medidas necesarias para evitar tanta muerte y desolación.
España y Europa están dejando a Canarias sola ante una realidad que la supera, una crisis humanitaria de dimensiones mayúsculas a la que no se le está dando una respuesta mínimamente adecuada. La dejadez es tal que el Gobierno de España ha llegado a saltarse, incluso, una orden del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo que le obliga a garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados. En estos dos meses transcurridos, el Estado ha reconocido que no se ha evaluado ni a uno solo de los más de cinco mil menores acogidos en Canarias.
Duele también ver cómo este asunto se utiliza como arma arrojadiza entre los partidos de ámbito estatal. Utilizan un drama humanitario como estrategia electoralista, añadiendo combustible al fuego del enfrentamiento ideológico, del racismo y la xenofobia. Las comunidades donde gobiernan Partido Popular y Vox han demostrado una insensibilidad sin precedentes, oponiéndose al reparto de los menores para su atención digna, despreciando y ninguneando una vez más a Canarias, como si no formáramos parte del mismo Estado.
No queremos que nos pase lo que vivió Grecia, cuando la migración se desbordó y algunas islas del Egeo, como Lesbos, Quíos, Samos, Kos y Leros, se convirtieron durante años en cárceles para los migrantes, verdaderos centros de reclusión que generaron una situación insostenible para la población local. Nosotros no queremos eso. Queremos soluciones. Queremos recursos. Queremos que el Estado y Europa asuman sus responsabilidades con Canarias.
La Canarias que queremos es una Canarias que no se calla. Que no se resigna. Que no acepta que morir en el mar sea algo normal y cotidiano. Porque cada vez que perdemos a una niña, a una madre, a un ser humano que solo buscaba una oportunidad, también perdemos un poco de nosotros mismos. No podemos seguir así. No podemos seguir mirando para otro lado. No más discursos vacíos. No más niñas ahogadas. No más vidas rotas.
